El caso del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por presunto abuso sexual contra una menor de 15 años, debe ser manejado con mucha transparencia y cuidado, pues nadie puede pretender ocupar el lugar de las autoridades responsables de impartir justicia y, además, debe hacerse en las instancias correspondientes, no en los medios de comunicación y mucho menos en las redes sociales.
Subrayaría que los medios de comunicación, periodistas y reporteros no pueden caer en especulaciones, en falsas interpretaciones o en dibujar un escenario que satisfaga el morbo de quienes quieren ver al presunto responsable “quemar en leña verde” y no fundamentado en hechos que sean pruebas de lo sucedido.
De ninguna manera se trata de salir en defensa de nadie. Si el acusado incurrió en el delito del que se le acusa, entonces debe ser sancionado conforme a la ley, pero en el marco de un proceso como también lo establece la propia ley, y no como quisiéramos unos u otros; no actuando para satisfacer la demanda de quienes “quieren ver sangre”, como se dice popularmente; ni mucho menos de manera irresponsable sólo con el propósito de evadir la responsabilidad de las autoridades que pudieran estar involucradas en el desarrollo de este caso.
Para empezar, debemos preguntarnos si el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado tiene las facultades de ley para suspender de su función a uno de sus integrantes si de lo que se le acusa no tiene que ver con el ejercicio de su función, como es el caso.
El pleno del STJ sesionó de manera extraordinaria y decidió por 29 votos a favor y dos en contra, suspender al magistrado Covarrubias Dueñas de manera temporal y cobrando únicamente el 30% de su sueldo; esto, en tanto se investiga su comportamiento.
Sin embargo, ¿por qué dos magistrados votaron en contra de la sanción? Porque de acuerdo a expertos en la materia, no correspondía al Supremo Tribunal de Justicia sino al Congreso del Estado declarar la procedencia para enjuiciarlo y separarlo de su encargo provisional o definitivamente por presuntos hechos delictuosos. O, en su caso, a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa por responsabilidad oficial.
¿Por qué entonces el Congreso del Estado o la Sala Superior del TJA no asumieron su responsabilidad y actuaron en consecuencia?
Debe anotarse, a decir de las fuentes consultadas, que el hecho que se le imputa al acusado no fue con motivo o en ejercicio de sus funciones como magistrado, toda vez que sucedió en un domicilio particular y privado, en una actividad o conducta personal; por lo tanto, no existe competencia del Supremo Tribunal de Justicia para separarlo de sus funciones ni privarlo parcialmente de sus emolumentos o salario.
¿Por qué el Supremo Tribunal, entonces, asumió una decisión que no le correspondía a él sino al Poder Legislativo o al Tribunal de Justicia Administrativa, concretamente a su Sala Superior? ¿Acaso no incurrió, por tanto, en una irregularidad o en un ilícito para castigar un presunto hecho delictivo? Al parecer, los magistrados que votaron en contra de su separación asumieron esta decisión para no incurrir en una ilegalidad en contra de su compañero, lo que por supuesto no significa que con ello pretendan defenderlo, sino de actuar conforme a la ley.
Considerando que el hecho que se le imputa al magistrado suspendido fue, como se dice líneas arriba, en un domicilio particular, por una conducta personal, y que nada tiene que ver con el ejercicio de su función como magistrado, la tarea de actuar en su contra es responsabilidad total del Congreso del Estado, tanto en la separación de su cargo que aplicó la mayoría del pleno del Tribunal, como el iniciarle procedimiento para retirarle el fuero si la investigación de la Fiscalía General del Estado concluye que es culpable de lo que se le acusa.
Incluso, si se dan los requisitos, los diputados podrían también abrirle un proceso de juicio político, pero no pueden actuar instancias distintas a las responsables, e intervenir en un caso que pública y mediáticamente tiene una exposición de alta resonancia, que se presta también a la manipulación del sentimiento ciudadano y al linchamiento mediático con el objetivo de saciar la sed de venganza de una sociedad inconforme con el abuso, insatisfecha con la actuación de las autoridades y cansada de la impunidad que campea desde hace años en el estado.
Así, pues, el caso del magistrado Covarrubias Dueñas amerita una total transparencia en el proceso que se siga en su contra, tanto para sentar un precedente como para actuar en el marco de la ley.
