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La evolución presupuestal del INAI y la ruta que nos toca seguir

Columna de Julieta del Rio.

Por Transparencia

La semana pasada conocimos algunas voces de ciertos legisladores (una minoría) que solicitan una reducción del 50% del presupuesto del INAI.

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 2 de octubre, el asunto jurídico ha sido resuelto a favor del INAI. Ahora nos enfocamos en la defensa del presupuesto del Instituto para el ejercicio 2024, proyectamos un aumento real del 6.5% en comparación con 2023, que significa tan solo 121 millones 214 mil 671 pesos.

Este incremento es exclusivamente para reforzar la seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia así como la actualización de los sistemas del INAI; se requiere fortalecer la capacitación y socialización de los derechos en todo el país, difusión de la importancia la protección de los datos personales en posesión de particulares y sujetos obligados así como la correcta gestión de archivos.

En cuanto a la explicación de nuestro presupuesto, esta semana tendremos diversas reuniones con legisladores: hablaremos con Coordinadores de Grupos Parlamentarios, con el Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como con el Presidente de la Junta de Coordinación Política. De igual forma, estaremos en contacto con senadores que respaldan nuestra labor.

Las Comisionadas y el Comisionado estamos preparados para presentarles y despejar dudas, si las hubiera, con argumentos y datos duros sobre la evolución presupuestal del INAI; desde su inicio cuando era IFAI, que contaba con un presupuesto en 2003 de poco más de 215 millones de pesos y el número de sujetos obligados era de 283, hasta hoy que existen 767 sujetos obligados a nivel federal y 8,282 a nivel nacional.

El crecimiento de los sujetos obligados obedece a la evolución de estos derechos en México. Hoy también el Senado de la República y la Cámara de Diputados –al igual que las 8,282 autoridades, entidades u organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos que reciban recursos públicos– son sujetos obligados y deben cumplir con sus obligaciones de transparencia.

La semana pasada conocimos algunas voces de ciertos legisladores (una minoría) que solicitan una reducción del 50% del presupuesto del INAI. De pasar esto, el Instituto quedaría prácticamente inoperante y sin poder verificar la información de los portales de transparencia de los 767 sujetos obligados federales. Aunado a ello, no se podrían resolver los recursos presentados por la ciudadanía ante las negativas de las autoridades por entregar la información.

Esperemos que ese llamado esté respaldado por un proyecto de reingeniería estructurado y justificado con gráficos e información clara sobre cómo podríamos operar. Es irresponsable que se opine sin fundamentos del presupuesto de otras instituciones; en el INAI respetamos las facultades de todos los entes públicos. El respeto a las instituciones ajenas es la paz. Seguiremos en la ruta de la defensa de estos dos derechos en el país, sin detenernos ni titubear ante ello.

 

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