El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, tema de máximo interés público, deberá ser aprobado por el Poder Legislativo el próximo 15 de noviembre; para ese momento sabremos con exactitud con qué recursos contarán los organismos autónomos del Estado, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para el año entrante, en el INAI estamos solicitando a las y los legisladores apenas 121 millones de pesos más que lo asignado para el 2023, una variación en términos reales –considerando la inflación– de solo 6.5%. Esta cifra es muy pequeña cuando se compara con el crecimiento de la demanda ciudadana en torno a los servicios que ofrece el INAI: de 2018 a 2022 las solicitudes de acceso a la información crecieron un 53% y las de protección de datos personales en 103%.
Para saber en qué se gasta el presupuesto de una institución y cómo mejorar su operatividad en beneficio de la sociedad, es fundamental conocer sus áreas y sus funciones. Una de las direcciones más importantes para el INAI es precisamente la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), que necesita asegurar la información del propio Instituto, la contenida en las obligaciones de transparencia (a la fecha existen casi 11 mil millones de registros al respecto) y proteger la Plataforma Nacional de Transparencia frente a ciberataques.
Además, este año hemos invertido en incorporar inteligencia artificial en la Plataforma, pues con la incorporación de algoritmos inteligentes se puede: comprender mejor de qué tema versa cada una de las solicitudes de información que se ingresan; facilitar la búsqueda de los usuarios (lo que sucedió precisamente con el Buscador de Género que se puede utilizar desde marzo de este 2023); e interpretar mejor los datos de la Plataforma, que a su vez se transforman en información que será aprovechada para tomar decisiones de política pública.
Otra área clave del INAI es la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS), pues es trascendental darle mayor impulso a la socialización de los derechos tutelados.
De acuerdo con la información más reciente de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID 2019), hecha por el INEGI, hace cuatro años el 54.8% de la población manifestó que conocía o había escuchado sobre la existencia de una institución que garantiza el derecho de acceso a la información pública y, de ello, el 46.2% mencionó al INAI. En el caso de los órganos garantes locales, tan solo el 1.5% de la población manifestó conocerlos.
Las acciones de esta dirección (DGPVS) permean en cada uno de los estados donde el INAI lleva a cabo eventos de promoción y difusión, ya que se realizan en conjunto con los 32 entes locales de transparencia.
De igual forma, es preciso robustecer la profesionalización de las y los servidores públicos en temas de transparencia. Estas acciones dependen de la Dirección General de Capacitación, coordinada por mi colega, el Comisionado Adrián Alcalá, e incluye capacitar a personal de los tres niveles de gobierno, es decir de los 8,282 sujetos obligados a nivel nacional, incluyendo los 767 sujetos a nivel federal.
Lo mismo sucede con la Dirección General de Gestión de Información y Estudios, área coordinada por la Comisionada Josefina Román, que da seguimiento a la armonización legislativa en materia de archivos para que las entidades homologuen su normatividad en la materia; además, el INAI tiene una silla en el Sistema Nacional de Archivos, y por ello debemos priorizar este tema desde el presupuesto.
Dado que los derechos humanos siempre son progresivos, que el INAI cuente con el presupuesto necesario para ejercer sus funciones implica garantizar a cabalidad los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las y los mexicanos, una necesidad básica de la democracia y el Estado de derecho.
@JulietDelrio
